El país está pasando por un mal momento económico. Su PIB prácticamente no crece y el desempleo ha estado aumentando, superando al millón de personas. Impera un relativamente alto grado de incertidumbre institucional, lo que desalienta la inversión, variable clave para el crecimiento. En ese ambiente hemos recibido recientemente dos noticias contradictorias, difíciles de reconciliar, salvo quizás bajo el supuesto de que la opinión pública chilena es en extremo volátil.

Por un lado, Chile subió un escalón en el prestigioso Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, pasando al lugar 17, solo superado en América por Canadá. Ese lugar coloca a Chile en la categoría de economías mayormente libres del mundo, lo que es importante porque hay una cierta correlación entre la libertad económica de los países y el nivel de ingreso por persona de los mismos.

Por el otro lado, es difícil reconciliar el amplio triunfo electoral, en diciembre del año pasado, del actual Presidente de la República y firme partidario de nuestra economía social de mercado, con el aparente y sorprendente cambio de opinión pública implícita en las respuestas a dos preguntas de la también reputada Encuesta Nacional Bicentenario UC. Los sondeos de esta última encuesta se realizan durante los inviernos y es muy posible que aquella de este año haya sido muy influenciada por un evento puntual, como lo fue el reajuste del precio del petróleo a fines de marzo.

Pues bien, de acuerdo a una de las mencionadas respuestas, aumentó significativamente el porcentaje de chilenos que sostiene que el Estado debería preocuparse y hacerse responsable del bienestar de las personas, porcentaje que entre 2025 y 2026 aumenta de un 28 a un 43 por ciento. Al mismo tiempo, y esto es coherente con las respuestas a la anterior pregunta, cae de un 42 a un 23 por ciento el porcentaje de personas que opinan que debieran ser los individuos los responsables de lograr su propio bienestar. Posiblemente la mejor manera, sino la única, de reconciliar estos sondeos con los resultados de la elección presidencial, es suponer que tenemos una opinión pública en extremo volátil.

En resumen, las reformas estructurales que el gobierno de Chile está implementando y que tienen por objetivo poner al día el sistema económico adoptado hace ya varias décadas, son las adecuadas y así se está reconociendo internacionalmente. Sin embargo, esas mismas reformas son cuestionadas implícitamente por una opinión pública local extremadamente volátil, que genera incertidumbre y que contribuye a retardar el efecto positivo de esos cambios. Urge por ello realizar una reforma política que canalice las preferencias ciudadanas de tal manera de lograr amplios y estables acuerdos en torno al conjunto de políticas económicas que imperen en el país.

Por Rolf Lüders, economista