Chile debe atreverse a dar una oportunidad para recuperar empleo, construir viviendas y devolver confianza. Un momento keynesiano, aunque suene a anatema, con inversión pública oportuna que movilice recursos privados, permitiría avanzar en esas tres tareas.

La urgencia es evidente. En julio-septiembre el desempleo llegó a 9,8%: 10,5% entre las mujeres y 9,3% entre los hombres. Entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó 24,4%; entre quienes tienen 25 a 34 años, 12,5%. Detrás de estas cifras hay familias que postergan proyectos y una generación que encuentra cerrada la puerta del trabajo. David Bravo ha llamado a esto una “emergencia laboral”. Revertirla fortalecería también la convivencia y la estabilidad política.

Hay una experiencia que conviene recordar. En el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la economía creció 4% en 2018, según las cifras publicadas entonces, recuperándose del promedio de 1,8% del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, durante el primer semestre de 2019 el crecimiento volvió a situarse bajo 2%.

En junio de ese año se impulsó una agenda de aceleración de inversiones en Obras Públicas y Vivienda por unos US$2.400 millones, ampliada en agosto a cerca de US$3.000 millones para 2019-2020, un 1% del PIB de la época. Se combinaron obras, concesiones y subsidios habitacionales para activar proyectos y empleo. En el tercer trimestre, el crecimiento repuntó a 3,3%. Esa recuperación tuvo varias causas, pero mostró que había capacidad para acelerar la economía antes del quiebre de octubre.

Hoy podemos aplicar esa enseñanza a una prioridad compartida: la vivienda social. Hay familias esperando una casa, trabajadores disponibles y empresas capaces de construir. El Estado puede reunirlos mediante suelo habilitado, urbanización, subsidios y pagos oportunos, con permisos resueltos y proyectos listos para comenzar.

El efecto se extendería a proveedores, transporte, comercio y servicios. Como escenario ilustrativo, si cada peso público atrajera entre $0,50 y $1 de inversión privada, un programa de US$1.000 millones movilizaría entre US$1.500 y US$2.000 millones de inversión total. Con un multiplicador fiscal de 1,2 a 1,5, el impulso al producto sería de US$1.200 a US$1.500 millones. Son mecanismos distintos: sus efectos no deben sumarse automáticamente.

La responsabilidad fiscal daría credibilidad al esfuerzo. La deuda cerró septiembre en 44,7% del PIB, cerca del ancla de 45%. Invertir US$3.700 millones no garantiza conservar la clasificación de riesgo. Un programa temporal, ejecutable y evaluable, permitiría defender cada peso invertido y su financiamiento.

Un momento de impulso puede ofrecer una meta concreta: más hogares con vivienda y más familias con trabajo. El Estado debe dar el primer paso, convocar inversión privada y convertir capacidad ociosa en bienestar, antes que el malestar se haga irreversible. La confianza crece cuando las obras empiezan y las oportunidades se vuelven reales.

Por Jaime Mañalich, exministro y Clapes UC