Decía Henry Kissinger en Diplomacia, que el “equilibrio de poder no es un concepto estático. Los estadistas deben comprender que el equilibrio se mantiene no mediante principios abstractos, sino mediante la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes” (1994, 84). Me parece que analizar la contingencia internacional a la luz de esta afirmación es útil para entender el contexto de la oferta de Escudo de las Américas, cuando Washington recrea esferas de influencias para Rusia, Estados Unidos y China, y formula la Doctrina Donroe sobre América Latina. En ese escenario donde las certezas se esfuman, se acrecientan en nuestra región procesos de deterioro del Estado frente al crimen organizado transnacional y la criminalidad interna. América Latina es la zona del mundo con menos conflictos interestatales (el último fue entre Perú y Ecuador) pero también la de mayor de muertes violentas por cada 1.000 habitantes.

No hay duda que el Estado latinoamericano ha sido víctima del desafío armado del crimen organizado -Ecuador, México-, de la corrupción e incluso de la captura territorial o funcional en la sociedad. En ciertas zonas hay un contra-Estado criminal que ofrece prestaciones sociales, diversión y protección a cambio de la sumisión a sus propósitos. En un estudio se llegaba a la conclusión de que el poder de fuego de los carteles mexicanos era equivalente a un ejército del Istmo de Centroamérica.

Visto desde fuera nuestra región se percibe, muchas veces, frágil e incapaz de poner en pie un estado en forma. O incluso, cuando se hace esa distinción, se distinguen áreas visibles de no aplicabilidad de la ley, espacios grises o áreas sin ley. Visto así, el tema del monopolio de la fuerza y del imperio de la ley afecta la relación con otros Estados, especialmente con Estados Unidos. Así se entiende que el embajador Brandon Judd haya postulado que el ingreso al Escudo, actualmente con 17 participantes, permitiría ayuda estadounidense para el mejor control del Estrecho de Magallanes, suponiendo que por él pasan mercaderías ilícitas o que el Estado de Chile es incapaz de ejercer soberanía en su territorio.

El interés estadounidense no es nuevo, también se planteó durante la II Guerra Mundial para hacer frente a la amenaza japonesa. Pero esas palabras empujan la pertenencia plena al Escudo de las América. Presiones sobre el Estado de Chile, que amplifican las aspiraciones argentinas de control sobre nuestros pasos oceánicos. En este sentido la parte técnica del acuerdo (cooperación militar e inteligencia) compartiendo información, entrenamiento, apoyo y logística es del todo útil en la lucha contra el crimen organizado. Pero Chile no está en un colapso institucional, y puede graduar la presencia militar propia y por cierto la externa en su lucha contra el crimen organizado, que por luchar contra ese flagelo no debilite sus propias capacidades disuasorias y de soberanía, que le son necesarias para el control de los espacios marítimos, terrestres y aéreos. Una adhesión pausada, una reflexión jurídica e institucional acerca de qué espacio tendrá la cooperación según nuestro ordenamiento permitirá la viabilidad de este esfuerzo y equiparar la adhesión de Perú, Argentina y Bolivia, sin quedar aislados vecinalmente. Por último, siguiendo el consejo de Kissinger, un estadista debe evaluar las circunstancias cambiantes y los costos y beneficios para apreciar la continuidad o no de la política estadounidense.

Por Cristián Garay, Director del Magíster de Estudios Internacionales, Instituto de Estudios Avanzados IDEA, USACH