Lo que en principio es una atribución fiscalizadora del Congreso, ha terminado siendo un arma de cacería política, un patético reality del que las oposiciones usan y abusan para golpear a los gobiernos de turno. Se supone que buscan sancionar infracciones al orden jurídico, pero en los hechos funcionan al revés: primero se decide ir por una autoridad -generalmente un ministro- y después se convoca a un grupo de abogados para que intente construir una base legal que permita sustentarla. El oportunismo y la desprolijidad con que opera en la actualidad este procedimiento, además sin ningún esfuerzo por disfrazarlo, es un factor central en el desprestigio y el deterioro reputacional que vive el Congreso.

Hoy la presa de turno es el ministro de Justicia Fernando Rabat, responsable de la crisis generada por la firma de rebajas de pena a violadores y abusadores de menores. Una circunstancia que, como pocas, ha dado lugar a un amplio consenso respecto a la existencia de un descriterio político, no de una infracción legal o constitucional. Pero, a la actual oposición, eso la tiene sin cuidado; la desaprobación ciudadana a lo obrado por el ministro y a la decisión del Presidente de mantenerlo en su cargo es de tales dimensiones, que la oportunidad política estaba servida. Como es frecuente, se dará curso entonces a una acusación constitucional cuyos fundamentos son particularmente débiles. Del mismo modo como, en otros momentos, se ha procedido a absolver por razones de incondicionalidad política a autoridades que sí habían cometido infracciones legales que merecían la destitución.

No va a ser fácil para la oposición aunar en ambas cámaras los votos necesarios para destituir a Rabat. De no conseguirlos, el golpe para la centroizquierda va a ser duro, aunque al menos esta vez tendrá la indignación ciudadana de su lado. Y al revés, para el oficialismo será muy complicado justificar el voto en contra de esta acusación, con tensiones y desacuerdos internos, pagando el costo de absolver al ministro en hechos que provocan un amplio rechazo. En el escenario actual, la apuesta opositora es arriesgada, pero tiene de su lado un piso de sentido común: si la acusación es rechazada, será el oficialismo el responsable de dejar en la impunidad la rebaja de condenas y la liberación de abusadores de niños. Para el gobierno, en cambio, ambas alternativas son malas: si se aprueba la acusación, se le dobla la mano al Presidente y el gobierno paga el precio de no haber estado dispuesto a sancionar hechos que la inmensa mayoría de la gente repudia. Si se rechaza, el costo de haber presionado a los parlamentarios del sector para conseguirlo los dejará a todos en una posición inconfortable.

Aunque cueste creerlo, este es el escenario por el que optó La Moneda. Un camino hasta ahora sin explicaciones que sólo ha venido a confirmar que el largo ciclo de deterioro político que vive el país, es resultado de un esfuerzo genuinamente transversal.

Por Max Colodro, filósofo y analista político