SEÑOR DIRECTOR:

En 2022 se estableció en la Ley de Presupuesto la obligación de la Subsecretaría de la Niñez de informar anualmente al Congreso sobre la inversión pública en niñez y adolescencia. A partir de este mandato, la Subsecretaría y la Dirección de Presupuestos, con asistencia técnica de Unicef, desarrollaron una metodología para identificar y dar seguimiento a estos recursos. Este trabajo permite saber que en 2025 el Estado destinó $15,1 billones a niños, niñas y adolescentes, equivalentes al 18,2% del gasto del Gobierno Central y al 4,4% del PIB.

Esta información permite dimensionar el esfuerzo de inversión que hace el Estado en niñez y adolescencia, seguir la evolución de esos recursos y tomar decisiones basadas en evidencia. Además, posibilita a la Defensoría de la Niñez ejercer su función de monitoreo autónomo, identificando el cumplimiento de los principios de prioridad y no regresividad establecidos en la Ley 21.430. Mantener esta obligación para 2027 resulta muy relevante para dar continuidad al trabajo que se ha realizado durante estos años, junto con facilitar el camino hacia un marcador presupuestario de niñez, que permita identificar estos recursos desde la formulación del presupuesto y seguirlos durante su ejecución y evaluación.

Medir la inversión no es un ejercicio meramente contable; es una herramienta para tomar mejores decisiones y asegurar que los recursos públicos contribuyan efectivamente al bienestar y los derechos de la niñez.

Amanda Telias

Oficial de Políticas Sociales de Unicef, en representación de la Mesa de Presupuesto y Niñez