En la navegación, el lastre es el peso que se pone en el fondo de una embarcación para darle estabilidad. Pero cuando sobra, la vuelve lenta y le impide avanzar. En sentido figurado, es todo aquello que nos retrasa. ¿Cuál es, entonces, el peso que nos sobra?

El problema no está en quienes producen, invierten y generan empleo. No es la minería, que sostiene buena parte de nuestras exportaciones e ingresos fiscales, ni el comercio, la pesca, la agricultura, la ganadería, el turismo o la industria forestal. Ninguna actividad que cree trabajo, sostenga a una familia o dé vida a un pueblo puede ser un peso muerto. Detrás de cada faena, predio, caleta y local comercial hay personas que trabajan, muchas veces a pesar de las condiciones y no gracias a ellas.

El verdadero lastre está en otra parte: es la burocracia. Es la permisología que convierte un proyecto en una carrera de obstáculos de años; la maraña de trámites y autorizaciones que se superponen y contradicen; y la falta de apoyo a pymes y familias que quieren emprender y encuentran una exigencia más.

Con los años, el Estado se ha convertido, demasiadas veces, en un obstáculo para las personas a las que debe servir y en el peor socio posible. En vez de facilitar, exige; en vez de dar certezas, demora; y en vez de confiar en quienes quieren emprender, producir o contratar, parte de la sospecha. No pone capital ni asume riesgos, pero cuando las cosas van bien se lleva una parte significativa de las ganancias. Ningún emprendedor elegiría un socio así; sin embargo, viene incluido por defecto.

El resultado no es solo una carga para las empresas: son empleos que no se crean, oportunidades que se pierden y comunidades que ven postergado su futuro.

En los últimos meses ha habido señales valiosas para agilizar permisos y dar certezas a quienes quieren invertir. Pero revertir una inercia acumulada durante décadas trasciende a cualquier administración. Las decisiones de inversión se toman con perspectiva de años. Parte de lo que hoy vivimos es consecuencia de la incertidumbre, la inestabilidad, la violencia y el aumento de cargas que se fueron acumulando. Los cambios deben sostenerse para que quienes invierten vuelvan a confiar y se vean resultados.

No se trata de desmantelar el Estado, sino de devolverle su propósito: estar al servicio de las personas. Necesitamos plazos ciertos, permisos simples, reglas estables y un trato que no presuma la mala fe de quien quiere invertir, producir o contratar.

La responsabilidad tampoco termina en el Estado. Si esperamos que todo se resuelva desde arriba, caeremos en el mismo error que criticamos. Recuperar la inversión exige el compromiso de los privados: arriesgar, apostar por Chile, construir, innovar y crear empleo. Crecer no es un fin en sí mismo: es la condición para que millones de chilenos mejoren su calidad de vida, accedan a mejores sueldos y proyecten su futuro con tranquilidad.

Chile no necesita tirar por la borda a quienes trabajan y producen. Necesita soltar las amarras que les impiden hacerlo.

Por Beatriz Hevia, abogada