Por Marisol PeñaNadie sabe para quién trabaja

¿Le ha ocurrido que, intentando argumentar sobre algo, el interlocutor le da vuelta el argumento desvirtuando su posición? En política, este ejercicio suele ser frecuente (aunque no resulte fácil reconocerlo).
Aplicando este ejercicio a la acusación constitucional deducida contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, por las rebajas de condenas a quienes cometieron delitos sexuales contra menores de edad, puede llegarse a la conclusión que debe ser rechazada, pese a lo delicado del tema que envuelve.
Los tres capítulos sobre los que se estructura la acusación apuntan a imputar al ministro sendas infracciones a la Constitución y a las leyes. Entre las primeras destaca la supuesta transgresión del artículo 5°, inciso segundo, que obliga a los órganos del Estado a respetar y promover los derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. También se alega vulneración del artículo 8° de la Carta Fundamental referido al principio de probidad. Entre las infracciones legales reprochadas al ministro está haber vulnerado la Ley N° 21.421, de 2022, que privó de la posibilidad de obtener la rebaja de su condena a quienes cometieron delitos sexuales contra menores de edad.
La verdad es que, pese al esfuerzo argumentativo desplegado, el propio libelo acusatorio entrega elementos para rechazarlo.
En efecto, en la acusación se afirma que, si una autoridad aplica la ley conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, esto es, al ordenamiento jurídico como un todo, “cumple con la Constitución”. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en este caso: al conceder las rebajas de condenas, el ministro de Justicia aplicó el principio pro reo, recogido en la Carta Fundamental y, además, en el derecho internacional de los derechos humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Este principio, que lleva a aplicar la ley más favorable, impedía otorgarle carácter retroactivo a la ley del año 2022, y ello, porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que este principio se extiende no sólo a la imposición de la pena, sino que también a su ejecución.
A ello debe agregarse que la ley del año 2022 no exceptuó expresamente de la rebaja de condena a quienes cometieron los delitos con anterioridad a su vigencia. Ante el silencio de la ley, al ministro sólo le quedaba aplicar la Constitución.
En lo que se refiere a la supuesta infracción al principio de probidad, basta leer que se entiende que el ministro “prefirió” su interés personal, vinculado a la defensa de su gestión o su permanencia en el cargo, por sobre el interés general, para descartar este capítulo. ¿Basta atribuir una intención subjetiva que no demuestra la obtención de un beneficio personal para promover su destitución?
Así, el propio desarrollo argumental de la acusación nos lleva a su rechazo demostrando que nadie sabe para quién trabaja.
Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD
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