Genera desazón advertir la cadena de errores cometidos en el “caso rebajas”, donde una equivocación inicial ha gatillado una serie sucesiva de malas decisiones de distintas autoridades, impidiendo resolver el nudo central: la procedencia o no de rebajas de penas a condenados por ciertos delitos.

La Cámara ha confundido la fiscalización y el diálogo -atribuciones inherentes a su función- con la palabra vehemente y el juicio precipitado. Las rebajas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores, que la ley declaró improcedentes en 2022, constituyen un desacierto del gobierno reconocido por el propio Presidente Kast. Su raíz está en una equivocada interpretación ministerial de la ley vigente, fallo de naturaleza política, no jurídica. El intento de acusar constitucionalmente al ministro de Justicia y DD.HH. por ese yerro (que en rigor podría alcanzar a la Corte Suprema), solo añade un nuevo malentendido, distorsionando el sentido de este instrumento y repitiendo prácticas que en el pasado agudizaron la desconfianza ciudadana.

Como en los dramas de Shakespeare, donde un error induce a cometer otro para enmendarlo y el resultado es un escenario peor que el original, y así sucesivamente, el afán del gobierno –que se suma al del parlamento- de solucionar el dilema derogando la ley de rebajas de condenas de 2003 lo agrava y enciende el temor de un rebrote del populismo punitivo. Esa iniciativa pareciera fundarse en que el castigo a un delincuente consiste solo en su reclusión carcelaria, ojalá durante el mayor tiempo posible. Pero el fin de la pena no es únicamente retributivo vía privación de libertad; también lo es preparar al condenado para su reinserción social, otorgándole oportunidades de educación y capacitación, de rehabilitarse de sus adicciones, entre otras, de modo que al egresar del sistema penitenciario pueda integrarse con normalidad. No siempre habrá éxito, pero es indispensable hacerlo. Con una reincidencia del 50%, estamos consolidando delincuentes profesionales. Si no cortamos ese círculo vicioso a través de mecanismos robustos de reinserción, no reduciremos la criminalidad.

Las rebajas de condena son uno de ellos y se otorgan cuando el condenado cumple ciertas condiciones de buena conducta, estudios, actividades de rehabilitación, evaluadas por una Comisión de jueces y expertos, que buscan incentivar la enmienda e inhibir la recaída. No todos son acreedores a este beneficio: por eso durante el gobierno del Presidente Piñera se excluyó a los abusadores de menores, exclusión que puede extenderse. Podrá ciertamente reformularse, pero suprimir una herramienta de uso internacional, sin presentar en forma simultánea una política integral de reinserción social solo contribuirá a aumentar la reincidencia y a recrudecer la situación delictual (y carcelaria) existente. Reinsertar es un acto de humanidad que posee un poderoso efecto práctico.

¿Será posible apelar a la prudencia y la sensatez para no prolongar esta cadena de errores y evitar así una tragedia al mejor estilo shakesperiano?

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario