Preocupante debate sobre reducción de condena
Cabe lamentar que tanto un grupo de parlamentarios así como el propio Ejecutivo se estén dejando llevar por pulsiones que pueden poner en riesgo alternativas para la reinserción social de los condenados.

La controversia que se produjo en relación con los decretos que firmó el ministro de Justicia para conceder la reducción de condena a aquellos sentenciados por abusos o violaciones a menores de edad, a la par de motivar una acusación constitucional en contra del secretario de Estado, también abrió un debate acerca de la pertinencia de modificar las normas actualmente vigentes, en particular la ley 19.856 (2003), la cual establece un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta.
A pesar de que dicha ley fue modificada en febrero de 2022, excluyendo del beneficio de rebaja de condena a abusadores o violadores de menores, conforme la interpretación que hizo el Ministerio de Justicia como también la propia Corte Suprema durante mucho tiempo, a quienes hayan cometido estos delitos con anterioridad a febrero de 2022 cabe respetar el principio “pro reo” y por tanto conceder el beneficio. El máximo tribunal ha ido cambiando últimamente su criterio, negando el otorgamiento de tal beneficio, en tanto que el Ministerio ha decidido no firmar ningún nuevo decreto -independientemente del tipo de delito que se trate- hasta que no exista una solución jurídica que cierre definitivamente cualquier margen de interpretación.
La revisión de este tipo de beneficios debería ser objeto de un cuidadoso análisis, porque si bien es legítimo que como sociedad se tome la decisión que determinados delitos considerados gravísimos no puedan ser objeto de tales beneficios, también se debe tener el cuidado de no legislar de tal forma que los caminos de reinserción terminen siendo sofocados, porque finalmente ello va en contra de los intereses de la propia sociedad.
Lamentablemente las respuestas legislativas que se están explorando no contribuyen a este propósito, con propuestas claramente no bien meditadas y que aparecen como fórmulas meramente reactivas, sin reparar en sus implicancias. En ese orden de cosas, una moción que acaba de ser presentada por un grupo transversal de senadores propone derogar la ley 19.856, con lo cual si bien se cortaría de raíz el tema de entregar beneficios, también eliminaría una de las vías para que condenados por otros delitos tengan un incentivo a rehabilitarse.
A su turno, el gobierno presentó a fines de octubre un proyecto de ley para modificar dicha normativa, el cual parece en general bien encaminado porque lo que busca es el perfeccionamiento del sistema; por ejemplo, que las víctimas puedan ser oídas por las comisiones encargadas de decidir la reducción de condenas. Sin embargo, a su vez anunció que patrocinará la moción que presentaron los senadores, algo que además de resultar contradictorio -porque son dos proyectos que no conversan entre sí-, dejando de lado el debate de fondo sobre la reinserción.
Estos son los riesgos inevitables de legislar sobre la marcha, repitiendo el error que se ha cometido con tantas otras legislaciones que incluso llevan los nombres de las víctimas, tornándose en los hechos inaplicables. Un debate que esté a la altura necesariamente debe atender a las lógicas internas que tiene cada legislación; así, una norma penal busca el castigo, pero a su vez, bajo los criterios modernos, también se entiende que la reinserción está muy ligada al cumplimiento de una pena, asunto que está siendo completamente pasado a llevar por la propuesta parlamentaria.
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